Creo que no hemos estado errados al calificar al Cártel 22, como un ente eternamente insatisfecho y perpetuamente chantajista. Ya les dieron una bolsa millonaria; no tarda en que vengan por más. Lo que sorprende es que dos fantasmas: el fallido desalojo del 14 de junio de 2006 y los referidos hechos de Nochixtlán de 2016, sigan siendo usados como bandera para asumirse víctimas perpetuas, poner contra la pared a la ciudadanía y chantajear al gobierno.

Existe tal perversidad y manipulación que ya asumen como conquista propia los 120 millones de pesos que les fueron asignados, para atenuar el gasto en uniformes, a padres y madres de familia. Obvio, no es así. El tema viene desde administraciones pasadas, no es logro de esta gavilla de bribones. He ahí el porqué, desde el gobierno de Gabino Cué, de 2010 a 2016, un sector importante de la sociedad civil ha exigido que las mesas de negociación se hagan abiertas y no a puerta cerrada.

El dinero que les da de manera discrecional a los maestros disidentes, es del pueblo; es producto de nuestros impuestos; no se puede lucrar con el mismo ni para para evitar conflictos, mucho menos para engordar parásitos que viven del chantaje. Insistimos: algo tiene que hacer no el gobierno, que está literalmente boca abajo, sino la sociedad civil organizada, las autoridades municipales y las asociaciones de padres de familia, para hacer que estos ganapanes cumplan con su tarea docente, para lo que se les paga. (JPA)