Oaxaca, Oax.- La salud es prioridad para los gobiernos de la cuarta transformación y es obligación del Estado velar por la seguridad sanitaria de su población, por ello en el Senado secundaremos esta semana la reforma constitucional para prohibir el uso de vapeadores en México, adelantó el senador Antonino Morales Toledo.

El legislador aseguró que más allá del llamado derecho a decidir, está por encima la salud de las y los mexicanos que se acercan a ese tipo de sustancias contenidas en esos productos, pues hay evidencia científica del daño que causan a la población.

El senador integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda refirió un estudio levantado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), según el cual el uso de los vapeadores es causante de daños respiratorios como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma, cáncer y cambios en la circulación sanguínea.

“Es imperativo llevar la prohibición a la Constitución, porque en el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador las empresas se ampararon contra dos decretos emitidos y la Suprema Corte les dio la razón, por lo que la reforma legal no tuvo efectos”, resaltó.

En ese sentido mencionó que, según el estudio de dichos organismos, la sustancias con la que se utilizan los vapeadores contienen niveles importantes de metales como cadmio, níquel, plomo y otros que son altamente dañinos para la salud.

Pero, además, un cartucho “contiene 5% de sal de nicotina es equivalente a entre uno y tres paquetes de cigarrillos. Estas altas concentraciones de nicotina tienen efectos adversos a largo plazo en el desarrollo del cerebro de niños, niñas, adolescentes y fetos en formación”.

Las reformas al artículo 4 y 5 constitucionales plantean que para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos.

También se sancionará la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas.
Quedando queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otras de dichas.