Oaxaca, Oax.- La titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, Leticia Elsa Reyes López, presentó un balance de las acciones de fiscalización y combate a la corrupción realizadas durante la administración del gobernador Salomón Jara Cruz, en el que destaca la presentación de 75 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCCO) y más de mil 200 millones de pesos en recursos observados por irregularidades en su ejercicio.
En la actual conferencia de prensa matutina del Gobernador Jara Cruz, la funcionaria informó que en el ejercicio 2023 la dependencia realizó 20 auditorías sobre el Decreto 809, con un monto fiscalizado de aproximadamente dos mil millones de pesos —de un decreto total de tres mil 500 millones—, dado que la administración anterior ya había auditado alrededor de 900 millones de pesos de ese mismo fondo.
Los recursos auditados correspondieron a ocho dependencias y entidades: la Secretaría de Infraestructura, la de Finanzas, la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Social, IMPAC, SOAPA y la Secretaría de Movilidad.
Al concluir las auditorías, la dependencia determinó que ninguna de esas instancias cumplió con la normativa en el ejercicio del recurso, lo que derivó en observaciones por más de mil 200 millones de pesos en conjunto.
Adicionalmente, en materia de ISR retenido no enterado, la Secretaría detectó que no se enteraron más de dos mil 662 millones de pesos, situación que también alcanzó a la Secretaría de Salud y al DIF estatal, instancias a las que se les practicaron auditorías del ejercicio 2022 con observaciones por 86 millones de pesos. 
Reyes López indicó que, al identificar que las dependencias no pudieron acreditar la correcta aplicación de los recursos, se procedió a dar vista a la FEMCCO y al Tribunal de Justicia Especializado en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca.
Al arranque de la administración, la secretaría presentó 32 denuncias derivadas de la entrega-recepción.
A la fecha acumula 75 denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, correspondientes al período 2023-2025, que abarcan distintas dependencias y entidades de la administración pública estatal.
De ese total, también se incluyeron dos denuncias por la deuda del ISSSTE y el Hospital de la Niñez, así como nueve denuncias contra contratistas por obras abandonadas e información falsa presentada en licitaciones.
Las instancias que ya cuentan con casos judicializados ante la FEMCCO son el COBAO, la Secretaría de Infraestructura, la SEMOVI y el CECITE.
Las restantes permanecen en fase de investigación.
En paralelo, la Secretaría remitió expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución: tres en el ejercicio 2023, 14 en 2024 y otros 14 en 2025, que involucraron a dependencias como COESFO, COBAO, iebo, SEMOVI, la Secretaría de Salud, la Dirección General de Notarías, ICAPET y el IFREO. 
Para 2026 ya se turnó un expediente adicional correspondiente a ICAPET.
A través del Tribunal de Justicia Administrativa y de Combate a la Corrupción se ha logrado que 16 exservidores públicos y un contratista sean sancionados por faltas administrativas graves y hechos de corrupción.
La propia titular, no obstante, reportó una cifra acumulada de 19 servidores públicos sancionados durante toda la administración, con un total de 200 años de inhabilitación —a razón de aproximadamente 20 años por exfuncionario—, una sanción económica cercana a los 98 millones de pesos y la declaración de ilegalidad de un sindicato.
La funcionaria aclaró que estas resoluciones son en primera instancia y que los exservidores públicos tienen derecho a impugnarlas.
Señaló que desde el inicio de la administración se han atendido 961 audiencias en la secretaría, donde se califica la gravedad de las faltas.
De ese total, más de 100 fueron clasificadas como faltas graves y cerca de 650 como no graves.
Reyes López sostuvo que con el Programa Anual de Auditorías 2025 se iniciaron 20 procedimientos con un monto total fiscalizado de más de dos mil 124 millones de pesos, correspondientes a cinco dependencias y 13 entidades de la administración pública estatal. |
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